La mejor arma de las tabaqueras para extender su imperio y obtener beneficios multimillonarios a lo largo de los últimos cincuenta años ha sido el dinero y su red de influencias. Ni sangre, ni violencia física, pero sí millones de muertos a sus espaldas como consecuencia del impacto letal del tabaco sobre la salud; mentiras, muchas falacias y favores cobrados en el momento adecuado para eludir el rigor de las leyes.
En Estados Unidos cada vez será más difícil fumar fuera de casa. Unos lo leen con esperanza, otros con amargura, pero lo cierto es que la justicia norteamericana tiene ya pocas dudas desde que, a partir de 1998, se empezaron a firmar acuerdos multimillonarios a nivel estatal sobre el papel que han jugado los grandes fabricantes de cigarrillos.
«Esta industria, en mi opinión, ha perpetrado el fraude más grande al pueblo americano en toda su historia. Ellos han mentido durante años y años. Han matado a millones y millones de personas, y han obtenido beneficios con ello.
He observado de cerca la actuación de los distribuidores de cocaína y los traficantes de crack, y nunca he visto daños como los que han provocado las multinacionales tabaqueras. No hay ninguna comparación. La cocaína mata entre 10 mil y 15 mil personas cada año en este país. El tabaco mata a 425 mil personas cada año, sólo en EE UU», (Mike Moore, Fiscal General de Mississippi, durante la negociación del acuerdo con las tabaqueras de 1998). El juicio definitivo
En 1999, Bill Clinton, a la vista de todos los datos que obraban en poder del Departamento de Justicia, decidió impulsar una investigación a fondo contra esta industria.
«Durante más de 45 años –afirmó entonces Janet Reno, Fiscal General de EE UU– las compañías de cigarrillos dirigieron su negocio sin tener en cuenta la verdad, la ley, o la salud de las personas».
El 22 de septiembre de 1999, el Gobierno americano inició un pleito contra las principales tabaqueras. La investigación duró cinco años. El proceso comenzó el 21 de septiembre del 2004, pero ya sin Clinton en la Casa Blanca. Las acusadas fueron Philip Morris y su casa matriz Altria, R. J. Reynolds, Brown & Williamson (fusionada en el 2004 con Reynolds), Lorillard (filial de Loews Corporation), British American Tobacco y el grupo Liggett.
El gobierno alegó: «Las compañías de cigarrillos han planeado y ejecutado –y continúan haciéndolo– un plan durante 50 años para defraudar al público, sobre todo a los consumidores de cigarrillos, en violación de la Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act (RICO) –la misma ley por la que se juzgan actividades mafiosas–.
Sigue la información revistas:Año Cero y Enigmas.Fuente: Año Cero Autor: Antonio
F. Muro
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